La semana antepasada y también la pasada, hablaba yo de la creciente importancia y/o protagonismo que han ido tomando las Fuerzas Armadas en México. Una importancia propiciada por fuerza de las circunstancias, ante la extrema fragilidad que el país vive en materia de seguridad. Lo que se ha traducido en cada vez mayor intervención del Ejército, el cual al día de hoy no es sólo el principal instrumento de la seguridad del Estado, sino además el constructor público más importante del actual gobierno. Una relación que despierta suspicacias para la regularidad de las instituciones democráticas, ante los riesgos que implica la militarización del país.
Mencionaba asimismo, que por el modo que la cuestión se ha ido socializando de cara a los propios medios de comunicación, con un debate extremadamente polarizado e ideologizado, en donde brillan por su ausencia los puntos medios. Lo común es la apología y/o la exaltación irreal de sus bondades y la aceptación acrítica de su intervención, o la satanización de sus peligros potenciales, por no hablar de la negativa persistente a siquiera discutir los términos de su involucramiento de cara a las propias autoridades civiles.
De igual modo precisaba que, pese a la polarización en la discusión por la militarización del país ha caigo, era poco probable que la intervención del Ejercito regresara a los límites previos conocidos. Por la sencilla razón de que hace décadas que las autoridades civiles acusan una persistente incapacidad para atender la cuestión de la seguridad, lo mismo por razones de orden operativo, como lo extendido que se encuentra la corrupción entre los cuerpos de seguridad que tradicionalmente se hicieron cargo de mantener el orden público. De ahí que al día de hoy, no hay prácticamente ningún nivel de gobierno que independiente de su extracción partidista, no haya terminado por reconsiderar sus posiciones habituales al respecto, sólo para admitir que la intervención del Ejército en la seguridad, ha llegado para quedarse. Cuestión un tanto compleja, en la medida de que numerosas filtraciones públicas en medios, han terminado desvelando, –lo que ya era de cualquier modo un secreto a voces–, en el sentido de que las propias Fuerzas Armadas no se encuentran exentas de reproducir numerosos vicios de los cuerpos civiles de seguridad, lo que de paso se relaciona con la preocupación que despiertan las actividades de inteligencia del propio Ejército, el cual parece estar de continuo, muy al pendiente de numerosos activistas y comentaristas políticos.
Desde luego que la intervención del Ejército en la seguridad en las actuales condiciones, está lejos de ser lo que se dice la ideal; por principio de cuentas, no queda en claro si realmente habrá de funcionar como se espera que lo haga; como tampoco es menos cierto que difícilmente conseguiremos poco más que ganar algo tiempo conteniendo la seguridad pública sólo por la fuerza, si no se atienden además los detonantes sociales que han ido fortaleciendo el afianzamiento de células delictivas. Una cosa es segura, se piense lo que se piense, cuanto más tardemos en discutir la cuestión con la seriedad y/o la mesura necesarias, mayores serán las consecuencias en términos de vidas humanas para todos.
Empero eso no ha evitado que ambos bandos, tanto del lado de la oposición, como del lado del oficialismo, sigan privilegiando una discusión en la que ninguno pierde la ocasión de sugerir que la presencia del Ejército dentro de la seguridad y dentro finalmente de la propia regularidad institucional del país, podría llegar a significar un riesgo para la continuidad de las mismas. Así mientras la oposición mira al Ejército como la excusa perfecta para la intentona de alargar el actual mandato presidencial, en caso de que las condiciones no favorecieran sus intereses de cara a las elecciones de 2024. Desde el oficialismo pareciera afianzarse la idea de que estrechar la colaboración con el Ejército, puede resultar productivo, para evitar la posibilidad de un golpe de Estado por parte de la propia oposición.
Pero la gran realidad es que la idea de que el actual gobierno pudiera intentar usar al Ejército para alargar el actual periodo de gobierno, resulta pese a las elucubraciones de la oposición, bastante improbable. Porque al menos que algo muy extraordinario sucediera en el cierre del actual gobierno, es prácticamente un hecho que Morena terminará repitiendo en su encargo frente al gobierno federal; lo que no es para nada raro, si se considera que la popularidad de López Obrador y lo que su propio proyecto significa, sigue intacta. Luego entonces, lo más lógico es pensar que la intención de voto terminará haciendo lo suyo en 2024. Así pues, la idea de que el Ejército pudiera terminar siendo el paladín del obradorismo para perpetuarse en el poder, no pasa de ser –en el mejor de los casos–, parte en los sueños húmedos de personajes de muy dudosa imparcialidad, tal es el caso de Carlos Loret de Mola. Cuyo discurso cada vez más tendencioso y/o sesgado, empieza a perder credibilidad, incluso entre la propia oposición. ¿Pero y qué hay de la idea contraria? ¿Estrechar la colaboración con el Ejército puede ser de utilidad estratégica para el actual gobierno, ante la posibilidad de que la propia oposición intentara usarlo para llamar a una hipotética sublevación? No, no creo en lo absoluto que algo así tenga siquiera razones para ser considerado. Para decirlo claramente, y por chocante que parezca, aquí en América Latina, nada sucede si los Estados Unidos no lo consideran necesario. Así ha sido siempre y difícilmente dejará de serlo en el futuro cercano.
Con lo cual me sirvo para decir que mientras el actual gobierno –o cualquier otro que lo llegue a suceder–, no toque los intereses estratégicos de los Estados Unidos, difícilmente algo distinto habrá de suceder; para decirlo en corto: la geopolítica de nuestra vecindad con los Estados Unidos, siempre estarán por encima de lo doméstico. Lo que no quita la importancia de echar en saco roto la responsabilidad de reglamentar la actividad de las Fuerzas Armadas, para garantizar que su intervención en la seguridad o cualquier otro rubro se vuelva motivo de excesos, máxime teniendo en cuenta que ni la disciplina castrense, ni su acostumbrado orden de mando son garantías suficientes para evitar que estas terminen reproduciendo buena parte los problemas policiales, que en otros momento han hecho necesaria su intervención ante la insuficiencia de las fuerzas civiles.