El Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras de Gobierno del Estado solicita audiencia con el Gobernador, Ricardo Gallardo Cardona para que solucione las demandas laborales de sus integrantes en forma directa, porque sus funcionarios en lugar de resolverlas, quieren perjudicarlos y desaparecer al organismo gremial, denunció la secretaria de tesorería, Francisca Reséndiz Lara.
Señaló que tras la cruenta represión física que sufrieron el pasado 15 de septiembre, donde miembros de la Guardia Civil Estatal y civiles con apariencia de pandilleros lesionaron a cinco compañeros, y encarcelaron a tres por manifestarse pacíficamente, ahora inició una represión institucional con procesos administrativos para despedirlos mediante “chicanadas” legaloides.
Reveló que el 15 de septiembre agentes de la Policía de Investigación y elementos de la Guardia Civil Estatal intentaron ingresar con engaños a la sede del SITTGE en Calzada de Guadalupe, para presuntamente aprehenderla, porque dijo que quieren meterla a la cárcel para callarla, y que no defienda a las y los agremiados, lo que denunciará ante la Fiscalía General del Estado.
El Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras de Gobierno del Estado (SITTGE) solicitó audiencia al Gobernador, Ricardo Gallardo Cardona para que en, forma directa, sin intermediarios, resuelva las demandas laborales de sus integrantes, pues el Oficial Mayor, Noé Lara Henríquez y el Secretario General de Gobierno, José Guadalupe Torres Sánchez en lugar de atenderlos, quieren perjudicarlos y desaparecer al organismo gremial, porque “no tienen voluntad de solucionar nada, y sí de complicar todo”, señaló la secretaria de tesorería del SITTGE, Francisca Reséndiz Lara.
Refirió que el pasado seis de octubre el Sindicato presentó la solicitud de audiencia ante el despacho del mandatario estatal, la que le fue sellada de recibida, documento firmado por más de 25 asociaciones sindicalistas y por una diputada federal, “para consensar soluciones a las demandas laborales del SITTGE, mediante el diálogo y la no violencia”, sin que a la fecha hayan obtenido respuesta alguna, explicó.
Y es que tras la violenta represión física acontecida el 15 de septiembre en la plaza de armas, por parte de la Guardia Civil Estatal y de civiles con apariencia de pandilleros, quienes lesionaron y detuvieron a cinco trabajadores que se manifestaban pacíficamente, ahora pasaron a la represión institucional en contra de cuatro de ellos, a los que quieren despedir ilegalmente por ejercer su libertad de expresión para demandar el pago de sus sueldos, porque a pesar de trabajar en el gobierno estatal, desde hace más de un año, se los niegan, en represalia por pertenecer al SITTGE.
Reséndiz Lara denunció que el gobierno estatal intentó aprehenderla el 15 de septiembre, al enviarle a cinco agentes de la Policía de Investigación y a más de 15 elementos de la Guardia Civil Estatal a la oficina del Sindicato de Calzada de Guadalupe, quienes intentaron ingresar al inmueble mediante engaños, lo que denunciará ante la Fiscalía General del Estado, pues recordó que Noé Lara Henríquez la amenazó con recluirla, sí persistía en defender a las y los agremiados, “buscan callar mi voz, al tratar de encarcelarme en forma ilegal”, para evadir su responsabilidad, reveló.
Le demandó al mandatario estatal y al fiscal, José Luis Ruiz Contreras la denuncia legal en su contra, sí es que existe, para que sigan la normatividad y le brinden las garantías necesarias para defenderse, y que “no se utilice la presunta orden de aprehensión como un mecanismo para amenazarme y extorsionarme por parte de la autoridad”, dijo tras señalar que ha ejercido su libertad de asociación, manifestación, expresión y petición para denunciar abusos del gobierno estatal contra el Sindicato, y es Gallardo Cardona el único que puede detener tal embestida, aseguró.
Informó que la nueva embestida de represión institucional en su contra, contra el Comité Ejecutivo del Sindicato y los miembros del organismo gremial, será integrada a las denuncias que ya se presentaron ante la Organización Internacional del Trabajo, y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Y exigió a Ruiz Contreras que atienda la denuncia que presentó el SITTGE por la golpiza que elementos estatales y personas desconocidas dieron a cinco de sus integrantes, para sancionar a los autores materiales e intelectuales, quienes también detuvieron y encarcelaron ilegalmente a tres personas, sin que hubiesen cometido infracción, o delito alguno, tan sólo por protestar, para que investigue el caso en forma autónoma del mandatario estatal, para que realmente procure justicia.
La secretaria de tesorería del SITTGE indicó que se criminalizan las libertades de asociación, manifestación, expresión y petición, pero que pese a ello, no se detendrán y seguirán adelante en su lucha, y adelantó que “nuestro patrón es el gobernador, los demás son funcionarios” que no atienden las demandas laborales de las y los trabajadores, por lo que lo buscarán “para que nos atienda y nos escuche” directamente, “a él lo vamos a buscar para que nos escuche y señalarle que la minuta del ocho de abril no se ha cumplido”, y por el contrario, reprimen a las y los sindicalistas.
“Que no nos etiqueten, que los funcionarios no se quieran lavar las manos con nosotros, y que no quieran esconder su ineptitud de resolver a costa de nosotros”, indicó tras referir que es evidente que existen conflictos internos entre los funcionarios estatales que deben atender la problemática del SITTGE, tema en el que el Sindicato no intervendrá, porque “ellos no son nuestros patrones, porque nuestro jefe es el gobernador y a él lo vamos a buscar” para que resuelva las demandas laborales, y añadió que en el Sindicato son institucionales porque no ven colores políticos.
Los afectados, José Fernando Salado Sánchez, José Jorge Cato Trujillo, José Luis Hernández Martínez y Francisco Parra Barbosa denunciaron que por manifestarse pacíficamente para exigir el pago de sus sueldos a Oficialía Mayor, ésta en lugar de atender sus demandas, les levantó actas administrativas ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo para despedirlos, asumiendo tal entidad el papel de patrón y de autoridad investigadora, acusándolos de incitar a la violencia, sin que les notificarán la denuncia en su contra, ni les permitieran defenderse legalmente.
José Fernando Salado Sánchez refirió que tiene más de un año sin recibir sueldo y por eso protestó, siendo reprimido con un proceso administrativo para despedirlo, en tanto José Jorge Cato Trujillo señaló que el gobierno ataca al Comité Ejecutivo del SITTGE para destruir al organismo laborista, lo quieren desconocer como miembro de la dirigencia, y ahora le quieren quitar el empleo y cobrarle 500 mil pesos, por defender a sus compañeros en reuniones de trabajo con el gobierno estatal, en tanto José Luis Hernández Martínez denunció que lo quieren despedir con “chicanadas” legaloides.
Y Francisco Parra Barbosa señaló que tiene más de 25 años de trabajar en el gobierno estatal, y que existe una tesis de jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, la 126/2017, que señala que no se puede rescindir una relación laboral de más de 20 años de antigüedad, sino es por una causa grave, lo que no se aplica en su caso, porque sólo se manifestó para exigir su sueldo, “ahora me quieren cesar sin justificación, sin una investigación previa, mi patrón actúa como autoridad sin pasar por contraloría, violando el procedimiento y sin darme derecho de audiencia”, dijo.
“Lo que pido es que se detenga toda esta violencia y persecución de mi patrón en mi contra y de mis compañeros sindicalistas, pido que se me pague mi salario, me deben más de un año, lo que espero de mi patrón Gobierno del Estado es que me pague, y me deje hacer mi trabajo, le pido al gobernador que se abstenga de seguir violentando mis derechos humanos laborales, tanto él como sus funcionarios deben ser ejemplo del respeto de la ley, pero con lo que hacen, están haciendo lo contrario”, dijo tras denunciar que Oficialía Mayor le ha presionado para que deje al SITTGE.
