La presidenta estatal de la Asociación Civil Movimiento por San Luis, Francisca Reséndiz Lara reveló que el Gobernador de su Estado instauró el Consejo Ciudadano por la Seguridad con empresarios, no para velar por la seguridad, sino para controlar las protestas públicas.
Anuncia que, con la Federación Sindical Mundial, la Unión Sindical de Sindicatos de Servicios Públicos, la Unión Internacional Sindical de Servicios Públicos y agrupaciones gremiales nacionales, una diputada federal y académicos, presentará denuncia contra el gobernador ante la Organización Internacional del Trabajo, por los abusos laborales que comete contra empleadas y empleados del SITTGE.
En entrevista con el periodista potosino, Julio Hernández López, la presidenta de la Asociación Civil Movimiento por San Luis, Francisca Reséndiz Lara denunció que el Gobernador, con los empresarios implementa una política represiva en contra de las manifestaciones públicas, e informó que en un mes presentará denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por abusos laborales que comete contra las y los empleados estatales integrantes del Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras de Gobierno del Estado (SITTGE).
Advirtió al también articulista del periódico La Jornada, que se instituirá una política represiva con el uso de la fuerza pública en contra de las manifestaciones públicas, al darle como función principal al Consejo Ciudadano por la Seguridad de San Luis Potosí, integrado por funcionarios policiales estatales y organismos empresariales, no la de ser un órgano deliberativo para impulsar políticas institucionales para enfrentar la creciente inseguridad, ni la delincuencia, sino la de controlar las protestas ciudadanas que se registren en la entidad.
Consideró que “no les extrañe que, en cualquier momento, se utilice la fuerza bruta para reprimir a quien no apoye al gobernador, y más a quien lo crítica”, con lo que el titular del poder ejecutivo estatal buscará “limpiarse las manos” delegando las decisiones represivas a las y los dueños de los capitales, con lo que dijo que viola las libertades de asociación, organización, manifestación y expresión de la ciudadanía, que amparan la Constitución Federal, vulnerándolas como lo ha hecho con los derechos laborales de las y los trabajadores estatales desde que inició su gobierno.
Hernández López dijo “vaya, vaya, empresarios en un consejo, que junto con las autoridades de seguridad pública van a decidir cuándo van a liberar las calles de tomas y de protestas”, al leer una nota del tema.
Refirió que con el respaldo de la Federación Sindical Mundial, la Unión Sindical de Sindicatos de Servicios Públicos, la Unión Internacional Sindical de Servicios Públicos y de agrupaciones gremiales nacionales, así como con el apoyo de una diputada federal y académicos, nuevamente se presentará una queja ante la OIT, para denunciar violaciones a los derechos humanos y laborales de la burocracia estatal, por incumplir con las leyes federales y estatales laborales, y los convenios 87, 98 y 111 firmados por México ante la referida organización, teniendo la documentación para la queja.
Indicó que en dos ocasiones anteriores el SITTGE han presentado querellas en defensa de las y los trabajadores de seguridad por abusos laborales, por lo que la OIT emitió recomendaciones al gobierno estatal para evitarlo, lo que hoy se repite al obligar a los agentes que tienen discapacidad al servicio activo con horarios extenuantes, en municipios lejanos, por lo que refirió que el gobernador acosa laboralmente a 146 policías discapacitados, y ha despedido en forma ilegal a 79 empleados estatales, sin darles liquidación, lo que sustenta la nueva denuncia ante la OIT.
Denunció que además de insultar a los burócratas estatales con maldiciones, el gobernador utiliza los recursos públicos para reforzar su imagen personal con miras a un proyecto político como futuro presidente de la república, gastando recursos públicos en medios de su propiedad y en otros, promoviendo un programa alimentario, mediante el cual reparte despensas a sus clientelas políticas, y obligará a los negocios de agua y tortillerías a respaldarlo, quieran o no, demandando transparente tales acciones, pues maneja el gobierno estatal como empresa privada.
En el programa, Julio Astillero señaló que ahora refuerza una campaña de descredito en contra del sindicato y de su persona, en donde el mandatario estatal difunde mentiras y desinforma a la población, al acusarlos falsamente de que el sindicato tiene muchas camionetas propiedad estatal, que no quiere entregar, cuando el mismo gobierno estatal les solicitó la devolución de una, así como infundios de enriquecimiento ilícito, por lo que refirió que la unidad entre la clase trabajadora y la sociedad potosina es más fuerte que tales falsedades