Futuro empeñado. El dilema fiscal que definirá a México.
«La primera lección de la economía es la escasez: nunca hay suficiente de algo para satisfacer plenamente a todos los que lo quieren. La primera lección de la política es ignorar la primera lección de la economía.» — Thomas Sowell
El diseño institucional de la llamada 4T ha apostado su viabilidad simbólica y estructural a un pilar estratégico indiscutible: los programas sociales y, en especial, la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. Convertido en un derecho universal a partir de los 65 años, este programa se ha vuelto el eje articulador de un proyecto político con los más pobres como epicentro. Su justificación ideológica se cimenta en la idea de saldar una deuda histórica con los más desfavorecidos y, simultáneamente, asegurar la lealtad electoral de los beneficiarios para con el partido el poder.
No se puede discutir que su efecto más directo y solidario en términos humanos está a la vista de todos. Esto no es poca cosa en un país donde la informalidad laboral afecta al 55% de la fuerza de trabajo, condenándola a una vejez sin seguridad social ni jubilación digna. De ahí que se celebre el impacto positivo de esta medida al mitigar la precariedad y disminuir los índices de pobreza. Para millones de hogares, la transferencia económica bimestral del gobierno representa, de hecho, el único ingreso seguro para sobrevivir.
Sin embargo, el verdadero reto no es otorgar asignaciones públicas para paliar la pobreza inmediata, sino contar con un soporte económico viable para sostenerlas a largo plazo. En el panorama actual, esto se antoja muy complicado. La economía mexicana luce en este arranque de 2026 un preocupante estancamiento: el PIB del primer trimestre creció apenas un 0.2% en términos anuales y sufrió una contracción del 0.8% respecto al trimestre anterior. Urge generar incentivos que dinamicen la producción, pero el entorno no ayuda. A nivel internacional, las presiones por la revisión del T-MEC mantienen en vilo a las cadenas de suministro; en lo doméstico, la incertidumbre jurídica derivada de las recientes reformas al Poder Judicial y los altos niveles de violencia frenan la inversión privada que el país necesita.
Con una economía que apenas se mueve, la distancia entre lo que el gobierno recauda y los compromisos de gasto adquiridos por ley, se vuelve peligrosamente grande. El problema de fondo no es la existencia de los apoyos, sino la velocidad con la que se ha incrementado el gasto en pensiones frente a otros rubros esenciales. Al aumentar los montos y beneficiarios sin una reforma que eleve la capacidad recaudadora del Estado, las pensiones no contributivas terminan pulverizando los márgenes de maniobra del gobierno, poniendo en riesgo la estabilidad macroeconómica del país.
Para dejarlo en claro, según estimaciones de la OCDE, estos apoyos ya absorben cerca del 6% del PIB en este 2026. Este crecimiento exponencial ha generado un severo efecto de desplazamiento sobre las prioridades estratégicas del país. De acuerdo con el IMCO, en el primer trimestre del año el «espacio fiscal» del gobierno federal –los recursos disponibles para financiar funciones sustantivas una vez cubiertos los gastos obligatorios y la deuda–, se redujo a un mínimo histórico del 38.9%. Esto significa que de cada peso que ingresa, más de sesenta centavos ya están comprometidos. El Estado se está quedando sin capacidad de respuesta ante cualquier emergencia material, climática o sanitaria.
Mientras el gasto social se expande, sectores clave para el desarrollo humano sufren recortes severos. El sistema de salud padece desabasto crónico de medicamentos, el sector educativo arrastra graves deficiencias y la falta de inversión en seguridad y mantenimiento carretero está a la orden del día. Para decirlo sin rodeos: recaudamos poco y lo gastamos mal, porque para desgracia de la mayoría, toda la lógica gubernamental se filtra bajo la óptica electoral. Así, ninguna economía será suficiente para resolver nuestros problemas estructurales.
A esta ecuación inviable se suma el factor demográfico, una auténtica bomba de tiempo. El «bono demográfico» –el periodo en que la población activa es mayor que la dependiente–, se está agotando rápidamente. Hacia el año 2030, la tasa de envejecimiento se acelerará significativamente, multiplicando a los beneficiarios a un ritmo muy superior al de la recaudación fiscal, en un contexto donde las nuevas generaciones postergan o descartan la paternidad.
El dilema es tan claro como preocupante: la política social no puede sustituir permanentemente al crecimiento económico. Una auténtica justicia social viable y sostenida, no debe limitarse a repartir la riqueza existente, sino a crear las condiciones para generar nueva riqueza a través de empleos formales, educación de calidad e inversión productiva. Si los actuales administradores de este país no entienden que se necesita certeza jurídica para devolver la confianza a los inversionistas y ampliar la base fiscal, terminarán por mucho que no quieran, empeñando el futuro de las próximas generaciones.
Glosas del Poder.
Desde la Ciudad de México: Se sabe que en San Lázaro la Secretaría de Hacienda ya cocina una estrategia de fiscalización «silenciosa» contra plataformas digitales y clases medias para el próximo presupuesto. Como no quieren pagar el costo político de aumentar impuestos, la orden es exprimir las fuentes actuales a como dé lugar. El objetivo es claro: asegurar que el dinero para las pensiones Bienestar fluya sin contratiempos cuando exista un año electoral.
Desde San Luis Potosí (Entidad Federativa): Cuentan que las mesas de trabajo entre el gobierno estatal y el IMSS-Bienestar están al rojo vivo. Los fondos federales para equipar hospitales en la Huasteca y el Altiplano simplemente no llegan por culpa de los «tijeretazos» presupuestales desde el centro del país. Al gobernador no le va a quedar de otra que hacer malabares financieros con el dinero local si no quiere que se le caigan sus proyectos carreteros estrella.
Desde San Luis Potosí (La Capital): Ante el freno de los recursos federales, en el Municipio capitalino ya decidieron rascarse con sus propias uñas. Trascendió que viene un plan agresivo de modernización catastral con tecnología satelital para cobrarle el predial correcto a las zonas residenciales e industriales que andaban rezagadas. Saben perfectamente que, si quieren pavimentar y librar la crisis del agua, necesitan dinero propio y rápido.