Demandaron el cese de la persecución política contra su tesorera, Francisca Reséndiz Lara y la reinstalación de las y los trabajadores despedidos ilegalmente, el retorno a labores administrativas de personal discapacitado de seguridad pública.
Denuncian que por represalias no les han pagado el aguinaldo, y les han reducido prestaciones laborales y bonos, sin que les den una explicación legal.
No ha habido la instalación de mesas de negociación, ni respuesta institucional a los más de 200 oficios que se han enviado al gobierno estatal, para la atención de demandas laborales generales, e individuales.
Un contingente de integrantes del Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras de Gobierno del Estado, se manifestaron frente a la sede del Poder Judicial del Estado para demandar el cese del hostigamiento y persecución política que el gobernador, Ricardo Gallardo Cardona realiza contra su tesorera, Francisca Reséndiz Lara, así como la reinstalación de las y los empleados despedidos ilegalmente, y el retorno a sus labores administrativas de los policías discapacitados.
Señalaron que el sindicato está en pie de lucha en defensa de los derechos humanos y laborales de sus integrantes, porque también sigue adelante la protesta permanente que realizan frente a Palacio de Gobierno, y responsabilizaron al gobernador y a los integrantes de su gabinete de todo daño que pueda sufrir Reséndiz Lara, el Comité Ejecutivo y los miembros del SITTGE, ante las amenazas que reciben, por lo que urgieron a que se les brinde protección.
Encabezados por su secretaria general, Ana Verónica López Chávez, denunciaron que a los miembros del SITTGE no les han depositado el aguinaldo por represalias, y en otros casos, les han reducido en sus sueldos, los bonos y prestaciones establecidos en la relación contractual, sin que les den una argumentación legal por tal recorte, además señalaron que sigue el hostigamiento y acoso laboral en su contra, en las entidades, dependencias, organismos descentralizados estatales.
Señalaron que no se han instalado las mesas de negociación, ni se han recibido respuestas oficiales a los más de 200 oficios que se han entregado al gobierno estatal, a fin de demandar soluciones a los 79 empleadas y empleados estatales despedidos injustamente, así como los 127 trabajadores discapacitados de seguridad que han sido asignados a labores en las calles, pese a su condición, por lo que urgieron a que se comience el diálogo institucional para atender tales situaciones.
Lamentaron que el mandatario estatal siga difundiendo mentiras en contra de sus propios trabajadores y trabajadoras, pues insiste en acusarlos de recibir privilegios en campañas mediáticas, insistiendo que una persona que saca copias gana 60 mil pesos, más compensaciones, lo que aclararon, es falso, porque el tabulador estatal tiene el máximo de 36 mil 508 pesos y no reciben compensaciones salariales, pues éstas son exclusivas de los funcionarios de primer nivel.
Demandaron que la Fiscalía General del Estado realice las investigaciones sobre los abusos policiales que sufrieron miembros del SITTGE, durante el violento desalojo que sufrieron del plantón que mantenían afuera de la Casa de la Cultura, para que se sancione a los responsables.