El Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras de Gobierno del Estado (SITTGE) demanda que no sólo se erradiquen los actos de corrupción de las recaudadoras de la Secretaría de Finanzas, sino también en la Fiscalía General del Estado y en todas las dependencias y entidades del gobierno estatal que brindan atención directa al público.
En representación del Sindicato, su secretaria tesorera, Francisca Reséndiz Lara lamentó que el gobernador, Ricardo Gallardo Cardona acuse al organismo gremial de proteger una supuesta red de tráfico de influencias en recaudadoras, sin presentar pruebas, sólo para difamar a sus integrantes ante la sociedad.
Le señaló que, sí tiene las pruebas de presuntos actos de corrupción, no solamente haga acusaciones ante los medios de comunicación, sino que presente las denuncias oficiales ante las autoridades correspondientes, para sancionar a los responsables, porque recordó que el SITTGE nunca defenderá a empleados que incurran en ilícitos.No solamente se deben de erradicar los actos de corrupción en las oficinas recaudadoras de la Secretaría de Finanzas, sino también en la Fiscalía General del Estado y en el total de las dependencias y entidades estatales que tienen atención directa a la ciudadanía, porque con el pretexto de la pandemia no les brindan sus servicios, o los reducen y burocratizan, demandó la secretaria tesorera del Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras de Gobierno del Estado (SITTGE), Francisca Reséndiz Lara.
En conferencia de prensa refirió que el SITTGE desde su fundación ha luchado en contra de la corrupción, por lo que siempre ha apoyado y apoya las acciones para eliminarla, recordando que fue el mismo Sindicato quien en 2016 denunció un fraude por más de tres mil millones de pesos en la Dirección de Pensiones de Gobierno del Estado, en tiempos del entonces gobernador, Fernando Toranzo Fernández, delito que a la fecha sigue impune, porque nunca hubo detenidos.
Lamentó que el gobernador, Ricardo Gallardo Cardona acuse sin pruebas al SITTGE de presuntamente proteger una red de tráfico de influencias en los trámites para obtener licencias de conducir y placas en las recaudadoras estatales, cuando aclaró que sólo se tienen cinco afiliados que laboran en tales áreas de la Secretaría de Finanzas, de un universo estimado de más de 940 empleadas y empleadas, que trabajan en las 47 oficinas que Finanzas tiene en todo el estado.Indicó que, sí el mandatario estatal cuenta con los elementos comprobatorios de actos de corrupción, que mejor presente la denuncia formal ante las instancias correspondientes, y no genere una campaña de desprestigio en contra del Sindicato con sus declaraciones, y dijo que espera no sólo sea un pretexto para correr ilegalmente a burócratas que laboran en las oficinas recaudadoras, y meter en sus espacios laborales, a integrantes de su clientela política.
Si bien indicó que “el Sindicato conoce todas las causales de despido de las y los burócratas estatales, y hoy como ayer, nunca defenderá a aquel empleado estatal que incurra en actos ilícitos” plenamente comprobados.
Desmintió al mandatario estatal, señalando que las denuncias presentadas, en la Organización Internacional del Trabajo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante la Fiscalía General el Estado, no son para “solapar a corruptos” como lo aseguró Gallardo Cardona, sino que en el primer caso y tercer caso, fueron para denunciar abusos laborales que comete contra sus empleados y empleadas, y en el segundo por “violaciones a mis derechos humanos, civiles y políticos”, dijo.
“Esperemos que las acusaciones falsas del gobernador, en contra de quienes integramos el SITTGE, no sean un distractor, o una cortina de humo, para evitar que el gobierno del estado cumpla, atienda y resuelva todas las demandas laborales generales y particulares plasmadas en la minuta del ´pasado ocho de abril del presente año, que funcionarios estatales firmaron y se comprometieron a cumplir, sin que a la fecha lo hayan hecho”, resaltó la fundadora del SITTGE.
Por lo cual le recordó al titular del poder ejecutivo del estado, que tanto el oficial mayor, Noé Lara Henríquez, como el secretario general, José Guadalupe Torres Sánchez no han cumplido tal compromiso, pues, de manera unilateral cancelaron reuniones de trabajo tendientes a resolver las demandas laborales, desconociendo inclusive al Sindicato y propagando la mentira de que ya se resolvió el asunto, “cuando esto es falso, porque el avance que se ha tenido es mínimo”, añadió.
Si bien confió en que Ricardo Gallardo Cardona se sensibilice ante las y los trabajadores afectados que despidió ilegalmente, así como a otros que siguen activos, a quienes desde el inicio de su administración hostiga y amedrenta, pues refirió que ya suman más de 10 meses sin que reciban su sueldo, “lo que los coloca en una situación económica muy difícil para sus familias”, porque materialmente no tienen ni para comer, recordándole que también son parte del pueblo potosino.
“Esperemos que les llame la atención a los funcionarios que se niegan a cumplir la minuta del ocho de abril, recordándole que también Usted como gobernador, en la reunión que sostuvimos el día 22 de febrero del presente año, se comprometió a atender todas las demandas laborales de las y los integrantes del sindicato, e incluso en ese evento, ordenó al oficial mayor y al secretario general de gobierno resolver todos los asuntos”, refirió al recalcar, que eso no ha sucedido.
Dijo que el Sindicato confía en que habrá de enmendar tales situaciones, a fin de respetar plenamente los derechos humanos y laborales “de quienes trabajamos bajo sus órdenes, porque le repetimos, somos sus empleadas y empleados, nunca sus enemigos, ambos queremos el desarrollo de San Luis Potosí, porque es el desarrollo de nuestras propias familias”, insistió al tiempo de demandar cese la persecución política, hostigamiento y campañas de desprestigio contra el SITTGE.
Pues explicó que esto es necesario “para generar las condiciones mínimas para realizar un dialogo honesto y abierto, entre su gobierno y nuestro Sindicato, reiterándole nuestra disposición a hacerlo, destacando que diálogo no es sumisión, y que ambas partes, podemos generar un círculo virtuoso en beneficio de nuestra entidad”, en donde no haya discriminación contra de las y los ciudadanos que integran el organismo gremial, pues son iguales que el resto de la población que dice proteger.
