La Comedia de la Soberanía: El Gobernador y su Sombra
A lo largo de su convulsa historia, México ha perfeccionado una forma de teatro que ni siquiera los griegos vieron venir: la tragedia de la repetición. Hoy, el nombre de Rubén Rocha Moya, no es simplemente el de un hombre, sino el de un síntoma persistente que recorre el cuerpo de la República. Observamos su licencia, su retiro táctico al refugio del fuero y a la protección del discurso oficial, y asistimos a una función de sombras donde el público, dividido por una grieta ideológica, que es más un abismo de fe que de razón, se empeña en no ver el fondo del espejo.
Este laberinto de complicidades y apariencias, no se agota en la anécdota de un gobernador bajo sospecha; se extiende hacia las raíces mismas de un sistema político que ha preferido, una vez más, el ritual de la lealtad por encima del rigor legal. La tragedia de Rocha Moya, es la tragedia de un país que ha quedado atrapado en la geografía del secreto, donde el silencio no es ausencia de ruido, sino la presencia de un miedo que ha aprendido a autocensurarse.
A la izquierda de la palestra política se grita: ¡soberanía, soberanía! Como si fuera una suerte de conjuro mágico o talismán verbal capaz de detener el flujo del fentanilo en las fronteras, o de borrar, por arte de magia, los expedientes que se apilan en una corte de Nueva York. Pero la soberanía, cuando se utiliza como moneda de cambio para encubrir la podredumbre, deja de ser el escudo de la patria para convertirse en el biombo de la impunidad. Una soberanía de cartón piedra, por demás penosa como preocupante, pero que no sorprende ya a nadie: se defiende con ardor el derecho a ser juzgados por instituciones que previamente se han desmantelado o sometido al capricho del Ejecutivo.
Sin embargo, cabe preguntarnos con la seriedad que la coyuntura exige: ¿de qué soberanía hablamos en un país donde el Estado debe pedir permiso para entrar y el crimen organizado concede o no la venia para gobernar? La soberanía no es un concepto estático que se guarda en una vitrina, y se invoca según el contentillo del gobierno de turno; es un ejercicio diario de autoridad legítima que hoy, en las tierras sinaloenses, parece haberse disuelto en el aire cálido del pacífico.
A la derecha del escenario político, el espectáculo no es menos tragicómico que el del oficialismo. Se celebra la resolución judicial extranjera con un júbilo que asusta por su falta de memoria histórica. Se aplaude, –como en su momento hiciera el propio oficialismo con el caso de García Luna–, que la justicia llegue de afuera, como un rayo caído de un Olimpo Anglosajón, olvidando que cada vez que un juez neoyorquino dicta el destino de un político mexicano, –aún si la razón jurídica le asiste en lo formal–, se firma simultáneamente el certificado de defunción de nuestra propia capacidad de ser una República soberana.
En la lógica política, ese júbilo es la confesión más amarga de una derrota: la de una oposición que no sabe construir una alternativa moral propia y viable, y en cambio prefiere esperar que un fiscal de otro país, haga la limpieza que ellos no han sabido proponer en las urnas, ni sostener en las plazas. Es la nostalgia por el protectorado, el deseo inconsciente de que la ley tenga acento colonialista, porque la propia legalidad nacional se percibe como un instrumento supeditado a los intereses políticos del gobierno de turno, lo que la ha terminado nulificando.
¿Cuál es el fondo de la cuestión que nos lacera? El caso Rocha Moya es el regreso del dinosaurio de Monterroso, pero esta vez ataviado con una máscara de «bienestar» y progreso social. Lo que vemos en la llamada 4T, no es necesariamente una ruptura radical con el pasado, sino el perfeccionamiento de la red de complicidades e intereses privados entre gobierno y crimen organizado, que toda la vida nos gobernó: el viejo nacionalismo autoritario y el nuevo oficialismo se han fundido en un abrazo de intereses que trasciende las siglas y las décadas.
Para el caso, ambos bandos han olvidado que la política de altura, no es la administración del cinismo, ni mucho menos el reparto de cuotas de impunidad, sino la construcción laboriosa de una ley, que además de unidad administrativa, otorgue predictibilidad a nuestras instituciones. Mientras el gobernador se retira a «defender su honor», tras las cortinas del poder central, el país se queda con la misma pregunta que nos ha perseguido desde la Revolución de 1910: ¿Somos una nación de ciudadanos sujetos a la norma, o es que de plano seguimos siendo un feudo de clanes protegidos por el caudillo de turno? Si la justicia es puramente externa, perdemos la patria en el proceso de buscar la verdad; si la justicia es interna pero complaciente y ciega, perdemos irremediablemente el futuro.
México es un país que se inventa a diario para no morir de realidad, pero la realidad de hoy, tiene la consistencia del plomo y el olor de la sospecha internacional. No basta con la retórica incendiaria que el gobierno ha mostrado, para curar la gangrena de la desconfianza. Mientras la administración actual insista en que la historia comienza y termina en su propio ombligo, –o como lo he dicho en otras oportunidades, que los adversarios no son interlocutores políticos válidos–, el resto del país seguirá siendo testigo de cómo se desmorona la fachada de la moralidad pública, erosionándose cada vez más la confianza de todos por igual.
El peligro real no es sólo la caída o la permanencia de un hombre en el poder, sino la normalización de la excepción como regla de convivencia. Si aceptamos que el destino de un estado soberano se decida en los pasillos de Washington, o en los oscuros pactos de la sierra, ahí donde el Estado llega siempre pidiendo permiso a intereses privados, lejos de cualquier escrutinio público, estamos renunciando a la idea de la Nación como un proyecto colectivo y coherente. Nos estamos convirtiendo en espectadores pasivos de nuestra propia desintegración institucional. Eso me parece todavía más grave que la simple intervención de la justicia americana sobre el estado de nuestra propia legalidad.
Al final de la jornada, cuando las luces del teatro político se apaguen y los actores se retiren a sus refugios dorados, quedará sólo el rastro de una sociedad que aguarda con una paciencia que raya en la desesperación. Aguarda la palabra que no sea mentira, la acción que no sea simulación y el juicio que no sea una simple venganza disfrazada de proceso.
El dinosaurio monterrosiano, no se irá mientras sigamos alimentándolo con nuestra indiferencia y con nuestra voluntad de creer en máscaras, en lugar de rostros. Porque si la política es, como querían los clásicos, el arte de la convivencia, lo que hoy vivimos en México, es el arte del abandono y la simulación. En ese abandono, todos somos responsables de que la sombra del gobernador termine por oscurecer el último rincón de nuestra ya de por sí herida esperanza republicana. Al despertar de esta pesadilla de extradiciones y fueros, el dinosaurio de la corrupción promete seguir ahí, riéndose de nuestra soberanía de papel, así como de la indignación ciudadana que se agota en el eco efímero de las redes sociales.
Glosas del Poder.
Nacional: El relevo en la cúpula. Ariadna Montiel asume la dirigencia nacional de Morena con la misión de blindar al partido de cara al 2027. Luisa María Alcalde se despide en medio de una transición estratégica que busca contener el desgaste político provocado por las investigaciones internacionales.
Sinaloa: El vacío de poder. Tras la licencia de Rocha Moya, Yeraldine Bonilla Valverde rinde protesta como gobernador interino ante un Congreso dividido. La nueva titular hereda un estado bajo asedio mediático y la urgencia de reestablecer una paz pública que hoy parece condicionada por expedientes neoyorquinos.
San Luis Potosí: El oropel del asfalto. Mientras la capital se llena de espectaculares anunciando una inversión récord en infraestructura, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona parece ignorar que el concreto no tapa las grietas de la inseguridad. Bajo el brillo de las obras públicas, San Luis Potosí padece la misma enfermedad que Sinaloa: una política de fachada que confunde la aprobación mediática con cargo al erario, con seguridad y legalidad, y que prefiere el aplauso fácil a la rendición de cuentas sobre la creciente violencia en la localidad.