La clase política en San Luis Potosí. Una radiografía necesaria de cara al 2027. – Parte I.
Cuando uno mira el escenario político local actual, con una clase política tradicional por demás desprestigiada, –que por más que intenta, no termina de convencer a nadie–, y una clase política emergente, –que pese a ostentarse como una élite socialmente sensible–, ha terminado replicando en tiempo record los más vergonzosos excesos que toda la vida caracterizaron al régimen posrevolucionario priista, es difícil no sentirse desmoralizado, cuando no enojado y/o acaso sorprendido e indignado de que entre todos esos políticos, –los de antes y los de ahora–, no se saque uno sólo que valga la pena.
Para decirlo claramente: enfrentamos una clase política de paupérrima calidad. Pese a los matices discursivos con los que pretenden diferenciarse, se conducen bajo la misma lógica –e incluso peor–. Si los de antes procuraban guardar las apariencias, los de ahora han renunciado a ese decoro. Se han entregado a una Realpolitik descarnada y amoral bajo la premisa de que el poder se hizo para ejercerse y disfrutarse. Sus colores y estatutos son accesorios; en la praxis, todos operan con la misma opacidad, nula transparencia y un abuso sistemático de los recursos que otorga la autoridad del Estado.
Desde la Ciencia Política, lo que la opinión pública percibe como cinismo o viveza, es en realidad una patología sistémica: la ruptura de la accountability o responsabilidad pública y la alta autonomía o discrecionalidad con que suelen conducirse las élites políticas, cuando de defender sus propios intereses se trata. Lo que significa que cuando una élite política se percibe más allá del bien y del mal –blindada por una legalidad que por más abusos cometidos, jamás la toca–, resulta lógico que termine asumiendo que no tiene mayor responsabilidad, que no sea servirse para sí misma.
Que sí, que el tema es un problema moral profundo, cuando menos a nivel personal y filosófico, de acuerdo. Pero es también y ante todo, una condición estructural del sistema, con implicaciones colectivas profundas; para decirlo aún más claro: no es que salgan mal las cosas, es que justo así es como el sistema político espera que salgan; porque eso garantiza no sólo que el ciudadano común se desmoralice, sino además y principalmente, que nada cambie, que siga todo igual. Esto deriva en el uso discrecional de recursos, obras públicas sin licitación adjudicadas a estructuras privadas propias o, incluso, la imposición de familiares en los cargos de poder. Todo en una inercia de contubernios y/o decisiones estratégicas, que no distinguen de trincheras o colores.
En una democracia funcional –régimen que cada vez se desdibuja más ante los severos cambios introducidos por los gobiernos federales de Morena, que han dejado sin efecto las conquistas institucionales de autonomía electoral conseguidas durante la década de 1990–, ese personalismo erosiona la legitimidad del ejercicio del poder, al reemplazar la responsividad democrática, –es decir la obligación de responder frente a quien le ha votado–, por estrategias de polarización afectiva y cálculo de costos de transacción, evidenciando una transición hacia una democracia delegativa, más que un simple vicio moral de los actores. Y ojo con el tema, cuando en el estudio formal de la política se habla de una democracia delegativa, nos referimos llana y crudamente, a esa deformación institucional propia de regímenes populistas, según la cual la esencia de la democracia constituye entregarle un cheque en blanco a quien resulta vencedor.
En tales condiciones, preocuparnos por la limpieza legal patrimonial de un candidato o prospecto a serlo, surgido de entre los circuitos empresariales dependientes del Estado, –pongamos por ejemplo un Gerardo Sánchez Zumaya, pero podría ser cualquier otro de su mismo estilo–, a sabiendas que las propias élites políticas tradicionales, –PRI, PAN, Morena y en general todos los partidos que ya han gobernado–, han terminado utilizado su propio acceso al Estado, como fuente patrimonial de riqueza, lesiona no sólo la credibilidad institucional del Estado, además dificulta que el ciudadano común, termine de comprender el valor práctico de contar con instituciones o instrumentos legales que posibiliten la vigilancia sobre el quehacer de lo público.
Ahora que bien, ser o no, una persona de poca o nula experiencia en el ejercicio de la función pública, como indicativo de negatividad, es sumamente discutible. Desde luego que se entiende, que los perfiles que hoy se están barajando en la opinión pública local, dejan mucho que desear. Pero lo hacen, no porque se crea que no tener experiencia como funcionario, sea necesariamente malo.
Sino por dos circunstancias, –que pese a la profundidad con que nos pegan–, rara vez se discuten públicamente; primero, la política como la entiende la clase política tradicional, suele conducirse, salvo muy honrosas excepciones, cual si una casta de privilegiados se tratara. La clase política tradicional conjuga en su quehacer diario, una alta dosis de discrecionalidad, que favorece de continuo todo tipo de arreglos informales o acuerdos velados, para los que el ciudadano promedio, –sin el tiempo ni experiencia del político profesional–, no está preparado. Y lo que es aún peor, se asume que de llegar, –cosa que termina siendo muy difícil, porque la legislación está diseñada para que las candidaturas independientes tengan todo en contra–, por cómo el poder político funciona, no habrá de tener tiempo suficiente para incorporar los arreglos informales en su propia praxis. Se presupone que el sistema tiende tan a la informalidad, que su existencia legal es apenas una ficción, por eso es se dice aquello de: hecha le ley, hecha la trampa.
Segundo, la política como se entiende en América Latina, ha sido históricamente una política de masas, que tiende a la suma masiva de voluntades. No es gratuito que se diga que en política para que te tengan en cuenta, tienes que mostrar músculo, es decir, que se debe mostrar que se trae con qué negociar y/o influir, porque se representa una causa común y/o colectiva socialmente legitimada. Y si no, cuando ya ni para una representación legitima alcanza, al menos tener la habilidad de simular que se representa a alguien, –cuanto más amolado mejor, por aquello de tener con que chantajear sistemáticamente al gobierno–, aunque lo único que realmente se represente, sean apenas siglas vacías de cualquier tipo y/o estilo, todo bajo la lógica de si otros lo hacen, porqué yo no; o incluso todavía peor, si no lo hago yo, alguien más lo hará.
Sirva para ejemplo de lo anteriormente descrito, la existencia de los partidos bisagra, que yo personalmente llamo “chatarra electoral”, por su nulo aporte democrático; me pregunto: cómo tendrá que estar todo en otros espacios políticos de mucha mayor trascendencia y tamaño, para que pueda afirmarse que este estilo de institutos políticos, están lejos de poder ser calificados como tales. Son apenas meras plataformas electorales al servicio del mejor postor, lo mismo están hoy con un gobierno, que con otro. El tema es seguir mamando del erario, porque no son más que negocios privados al amparo del gobierno federal, la más de las veces regenteados por clanes familiares y/o por camarillas de compinches eternizados en el poder, tal es el caso del PT o el PVEM. Cascajos que perviven tolerados y/o incluso alimentados por el Estado cuando así conviene.
CONTINUARÁ.
