¿Qué es lo que realmente importa en una democracia?
No sé los demás, pero yo creo que ya va siendo tiempo de pasar de lo liberador que puede ser denunciar públicamente, –en redes sociales y otros medios–, arbitrariedades y usos perversos de la autoridad por parte de políticos y funcionarios, a la utilidad de exigir que estas mismas querellas se resuelvan institucionalmente con efectos jurídicamente vinculantes; es decir con efectos legales punitivos. De otro modo, por mucho que se diga, –lo mismo para acusar que para defender–, será poco o nulo lo que se consiga en términos de resarcir el daño al interés de la ciudadanía cuando se abusa de la autoridad.
Lo digo así, para enfatizar que lejos de lo que el hoy discurso dominante pregona, el problema de nuestra democracia, siempre ha estado en lo que ocurre una vez que los ganadores de las elecciones se hacen con el poder, y no tanto en el modo en el que llegan quienes ganan; lo que no quita de decir que la práctica totalidad de quienes participan, lo hacen rebasando cualquier límite legalmente establecido, lo mismo da si se trata de dinero, publicidad o posicionamiento mediático. Sin embargo, el punto medular con nuestra muy doliente democracia, es lo que ocurre con quienes llegan al poder; porque para decirlo en corto, con un par de años en el poder, cualquier partido termina pareciéndose al viejo PRI.
La existencia de autoridades elegidas en tiempo y forma, que pese a llegar democráticamente al poder, abusen de su posición para enriquecerse y conseguir privilegios personales de todo tipo. Es una cuestión que no se va frenar, ni mucho menos a revertir o erradicar, –por más indignación que la situación genere–, hasta que no se haga clara y efectiva presión sobre los agentes responsables de los abusos de autoridad. Una inercia político-institucional que debe necesariamente atenderse, sin menoscabo de los colores partidistas y/o el nivel de gobierno a cuyo cargo esté la administración del Estado.
Ello hace necesario mucho más que rasgarnos las vestiduras y/o jugar a los denunciantes o disidentes en redes. Promoviendo la necesidad de legislar en la materia, para cerrar cualquier espacio de discrecionalidad y o complicidad entre las instancias responsables de vigilar el cabal cumplimiento de nuestros intereses como ciudadanos, frente a los numerosos poderes facticos que comprometen la posibilidad de construir una sociedad más equilibrada. Lo que va necesariamente, desde ventilar públicamente; hasta denunciar en tiempo y forma; y procesar jurídicamente; así como legislar, –superando nuestras diferencias–, con una idea común: democracia también es legalidad, transparencia y/o contención al ejercicio de autoridad, con el propósito de evitar excesos y/o arbitrariedades.
Para el caso de las propias autoridades, resolver o no este intrincado enmarañar de contubernios, complicidades y o discrecionalidades, con el que rutinariamente se asocia lo público, exige por principio de cuentas, dejar de ser juez y parte en todos y cada uno de los episodios de abuso de autoridad, y conflictos de interés, que ponen en entredicho la legitimidad de nuestras propias instancias de gobierno. De otro modo, si no se hiciere nada al respecto, mañana podríamos arrepentirnos, de hecho, diera la impresión de que cada vez son más los que considerando los numerosos excesos de nuestras autoridades que rutinariamente se ventilan, llegan a verse en la tentación de creer justificada la ejecución de soluciones fuera de los cauces institucionales.
Para decirlo claramente: Nunca será suficiente, –por más buena voluntad que tenga–, con establecer acuerdos nacionales, comisiones de la verdad y/o fiscales anticorrupción o cualquier otro tipo de arreglos pactados entre elites, para supeditar la imparcialidad de lo público. Si no se corrige antes las numerosas fallas estructurales que desde hace décadas arrastramos en la materia, como herencia de un sistema autoritario que desde siempre, cerró cualquier posibilidad de construir instituciones legales efectivas, bajo el ardid de que su éxito económico bien justificaba cualquier contrariedad en términos de legalidad.
De ahí que se decidiera sacrificar libertades políticas y garantías de legalidad efectiva, en aras de propiciar una redistribución económica que disminuyera los efectos perversos, que el paso del liberalismo republicano porfirista, dejara tras décadas de concentrar el poder. De hecho, tendrían que pasar décadas para ver cambios al respecto; primero con la implementación de mecanismos de representación proporcional que contrarrestaran la formación de gobiernos con lógicas de suma cero, donde los vencedores se lo llevaban todo, y los perdedores no tenían siquiera opción de hacerse oír; posteriormente, con una ampliación del sistema de partidos, que garantizó la pluralidad de posiciones ideológicas. Misma que devino –hacía el fin del Siglo XX–, en la creación de instancias independientes para la organización de las e