Por Emanuel del Toro.
El 30 de septiembre de 2021, el Presidente Andrés Manuel López Obrador envió una iniciativa de reforma a la Cámara de Diputados en materia de electricidad, la cual buscaba contrarrestar los efectos de la reforma energética del 2013. El motivo de acuerdo con el Presidente, que la reforma de 2013 llevada a efecto por el gobierno peñanietista, vulneró el control del Estado mexicano en materia energética, promoviendo un orden de relaciones que favorece en forma desproporcionada a la iniciativa privada, dándole acceso a apoyos gubernamentales que suponen una afrenta a la seguridad nacional energética. Todo ello sin probar que dicho orden realmente favorezca lo que en principio se pretendía, la generación de energía eléctrica en un modo sustentable y barato para beneficio del gobierno nacional y de los propios consumidores finales.
En ese sentido cabría decirse que está fuera de toda discusión que es necesario propiciar las condiciones óptimas para garantizar la forma más eficiente y sostenible de generar energía eléctrica para el país. Está también claro que en las actuales condiciones es poco práctica la gestión de la cuestión. De igual modo, queda claro que sería deseable y/o muy importante pensar para ello, que el destinario final de la energía reciba un servicio que no sólo sea más eficiente, sino además accesible y con un impacto mínimo sobre el equilibrio ecológico del país.
En lo que no queda claro, y no hay, como es de esperarse acuerdo alguno, es en resolver cómo se supone que mantener el monopolio de la cuestión en manos del Estado contribuirá a que en efecto se cumplan tales condiciones, cuando su escasa eficiencia en el manejo del tema es precisamente el problema detonante del cambio emprendido el sexenio pasado. De igual modo, tampoco queda claro, cómo es que se conseguirá producir energía de forma ecológicamente sustentable, si se pretende que la base de su generación sea la utilización de combustóleo, un combustible cuyo uso se ha desaconsejado persistentemente por distintos organismos internacionales por el alto nivel de contaminación que genera.
La cosa es que de aprobarse la reforma eléctrica en los términos que originalmente propone el Presidente López Obrador, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), no sólo recuperaría el monopolio indiscutido de la generación de electricidad, encima pasaría de generar el 62% en 2021 a un 75% en 2022 de su energía mediante fósiles como el carbón, combustóleo, diésel y gas natural. Lo cual a groso modo, implica terminar apostando a la generación de electricidad por medios no sólo francamente obsoletos, sino además sumamente contaminantes; aún si la cuestión es recuperar la centralidad del Estado mexicano en la generación de energía, huelga decir que como bien acotan los especialistas de la cuestión, existen modos mucho más eficientes de hacer las cosas.
Tampoco queda claro y no hay de hecho acuerdo al respecto, sobre cuál se esperaría que fuera la metodología que el Estado pretendería seguir de aprobarse la reforma en los términos planteados por el Presidente; el problema en sí, no es a qué se aspira con la reforma, es que no hay claridad del cómo se pretende lograrlo. No dar detalles al respecto abre la posibilidad de que todos los fundamentos de la cuestión respecto al beneficio nacional y de los consumidores, queden virtualmente en sólo buenas intenciones, tal y como afirma la oposición. ¿Pero de dónde viene el resquemor y/o recelo con que la iniciativa privada nacional e internacional mira la excesiva concentración del control estatal como algo no deseable?
Para entenderlo, es preciso remontarse a 1995, cuando los acuerdos de Washington, mediante los cuales al país se le prestaron 53 mil millones de dólares para recuperarse de una crisis económica provocada por la fuga de capitales extranjeros y el aumento de las tasas de interés, comprometieron a que el país recaudara en un plazo no mayor a tres años, 12 mil millones de dólares, mediante la privatización de puertos, aeropuertos, operación de ferrocarriles, petroquímica, satélites, comunicaciones y el transporte de gas. El caso es que si ya era complicado salir adelante en un escenario de total apertura comercial, como al que desde 1982 se había ido lenta pero paulatinamente abriendo nuestra economía al exterior, hacerlo con la torpeza y/o premura con la que se lo hizo, terminaría dando más problemas que beneficios, porque terminó pulverizando el margen de maniobra del Estado mexicano, forzándolo a achicarse todavía más de lo que ya lo había hecho durante los 80’s, como resultado de una severa crisis económica, producto de la mala gestión de la bonanza petrolera de la década anterior.
La cosa es que a la bonanza artificial de inicios de los 90’s, en su mayoría auspiciada por la inversión de capitales extranjeros, como resultado de una agresiva política de apertura comercial, le precedía una década de los 80’s convulsa y de escaso o nulo crecimiento económico que no pocos llamaron la década perdida. ¿El motivo original de la cuestión? La imprudencia o el exceso de control con que el gobierno ejerció el manejo de su política petrolera, cuando a mediados de los 70’s, el descubrimiento de yacimientos en el sur del país, unido a una crisis internacional de combustibles producto de presiones bélicas en medio oriente, abrió a países como México o Venezuela una ventana d e oportunidad para tomar participación en la extracción de petróleo con volúmenes inimaginados para el caso d e nuestro país, que en muy pocos años pasó de una producción petrolera insignificante, a convertirse en uno de los principales exportadores de crudo del mundo.
La brutal explosión de capitales que esta triangulación de acontecimientos entre factores domésticos y presiones internacionales generó en el país, trajo como consecuencia inmediata un aumento exponencial de las líneas de crédito internacional para México, que precisaba de dinero prestado para aprovechar los recién descubiertos yacimientos, porque no se contaba con qué invertir en su extracción. Sin embargo, lejos de la prudencia aconsejada por acreedores y otros gobiernos de países petroleros con experiencia en la cuestión, la disponibilidad de dinero inmediato, así como la continua revaloración de las estimaciones originales sobre los yacimientos descubiertos, terminaron en severas consecuencias estructurales de dispendio, corrupción y abigarramiento del Estado.
Si la de México ya era para la época una economía cerrada al exterior, la disponibilidad de capitales producto tanto de préstamos, como de la propia extracción y venta de petróleo, trajo como consecuencia que el Estado se volviera el principal proveedor de productos y servicios del país. Ello derivo, como era de esperarse, en un crecimiento exponencial y descontrolado de la burocracia pública y en la monopolización de muchos sectores de la economía nacional en manos de administradores públicos que sin regulación gubernamental efectiva, fueron creando las condiciones propicias para que el propio empresariado privado nacional terminara arrastrado a una inercia de corrupción y dispendio producto de una cultura política acostumbrada a arreglarlo todo por medio de tratos informales.
Dicho así, resulta por demás extraño que muchos seguidores acríticos de la 4T, se horrorizan por la brutalidad con la que el neoliberalismo empobreció a millones durante los 90’s del siglo XX, y aunque razones no les faltan para disgustarse por lo ocurrido desde la inserción económica del país a la globalización, porque la imprudencia en la apertura comercial del país tuvo consecuencias materiales terribles, pocos entienden que dicho sistema con todo y sus funestas contradicciones, terminó volviéndose hegemónico, como un intento para remediar los excesos generados a mediados de los 70’s, por gobiernos donde el Estado monopolizó el poder político y económico a tal punto, que en ausencia de controles efectivos y transparentes, la disponibilidad de créditos internacionales mal administrados, unido al derroche de la extracción petrolera, –porque no todo lo ganado se usó de buena manera–, terminaron dejando el país en la quiebra.
Así las cosas, razones no le faltan a la oposición para desconfiar de que la intentona de la actual reforma eléctrica, pudiera terminar si no se cuidan los modos de lo que se propone, derivando en un nuevo ciclo de extrema turbulencia, como aquel que en 1976 terminó erosionando la viabilidad estructural del Estado. ¿Será que seguimos sin entender que el problema no es la prevalencia de la participación estatal o de la iniciativa privada, sino la falta de cuidado con la que ambas intervenciones se regulan de cara al propio Estado?
Cada quien que saque sus propias conclusiones. En mi caso, no creo que sea apostando por repetir errores que consigamos aprovechar las oportunidades de desarrollo futuro. Concentrar la producción de la electricidad mayoritariamente en manos del Estado, y además tomando como base combustibles por demás contaminantes, difícilmente traerá los resultados esperados de eficiencia, equilibrio ecológico y bajo costo. No creo que sea casualidad que tras celebrarse el día de ayer, 17 de abril del presente año, la que sería la discusión clave en el rechazo o aceptación de la reforma eléctrica, terminara siendo rechazada. Que resta mucho por mejorar y/o discutir, ni dudarlo; esperemos que prevalezca siempre el genuino interés nacional y no ya el sectarismo ideológico que últimamente se ha visto.
