La Ley Serrano, o la ciudadanía frente a la mordaza gubernamental: lecciones potosinas sobre el límite del poder.
“Cuando el gobierno teme a los ciudadanos, hay libertad. Cuando los ciudadanos temen al gobierno, hay tiranía.” — Thomas Jefferson
La velocidad con la que avanza la tecnología suele dejar rezagado al derecho, abriendo una brecha donde la incertidumbre y la audacia caminan de la mano. Como sentenciara Samuel Huntington en su ya clásico estudio de 1968, es un hecho que las sociedades cambian siempre mucho más rápido que la capacidad de sus respectivos gobiernos para institucionalizar el orden y responder a las nuevas necesidades y/o inquietudes de sus ciudadanos. La modernidad líquida que experimentamos acentúa esta asincronía.
Sin embargo, cuando el legislador se apresura a normar lo desconocido con la prisa del verdugo, y no con la prudencia cautela del estadista, el resultado suele ser catastrófico para la salud de la República. Lo acontecido en San Luis Potosí a propósito de la denominada Ley Serrano, es un nítido, y por desgracia no excepcional, testimonio de cómo la vanguardia tecnológica puede ser burdamente utilizada como coartada para restaurar las más rancias prácticas del autoritarismo y la censura. Bajo el cobijo de una supuesta modernización jurídica encaminada a regular el uso indebido de la inteligencia artificial, se articuló en realidad un mecanismo de control penal cuya vaguedad conceptual resultó ser su mayor peligro y, con toda certeza, su verdadero propósito.
La genealogía del conflicto es ilustrativa. A finales del año pasado, el Congreso potosino incorporó al Código Penal figuras delictivas laxas o sumamente ambiguas, bajo el argumento de combatir la desinformación y la alteración de imágenes o voces mediante herramientas digitales. La justificación formal pretendía ser en apariencia noble, casi deseable: salvaguardar la identidad, proteger la honra y evitar la zozobra social en una era digital convulsa. Pero en el complejo teatro de la política, las intenciones escritas en los considerandos de una ley rara vez coinciden con los efectos prácticos de su aplicación. Las leyes laxas engendran tiranías locales discretas pero sumamente eficaces.
Para el caso, no pasó mucho tiempo para que la norma desnudara su verdadera naturaleza y propósitos. El encarcelamiento de comunicadores y las carpetas de investigación abiertas contra periodistas críticos en las distintas regiones del estado confirmaron de inmediato los peores augurios de la academia, los litigantes constitucionalistas y las organizaciones defensoras de los derechos humanos. La ley no nació para contener los desvíos éticos de la informática, sino para blindar al poder local frente al escrutinio público, proscribiendo el disenso y la sátira bajo la amenaza directa de la privación de la libertad.
Para los críticos del régimen local, la intencionalidad política detrás de esta reforma nunca fue un misterio, ni requirió de profundas exégesis. Tipificar de manera imprecisa conductas vinculadas a la difusión de información manipulada otorga al Ministerio Público una discrecionalidad absoluta. En manos de un aparato estatal intolerante a la crítica, la ambigüedad normativa se convierte en un arma de precisión quirúrgica. Lo que para un ciudadano común o un periodista independiente es una legítima denuncia ciudadana o una parodia política, para el poderoso se transforma, mediante la magia interpretativa de la ley, en un acto delictivo de “manipulación institucional” encaminado a provocar alarma social. Perseguían, pues, la domesticación del debate público con miras a las elecciones del año que viene. Al criminalizar las nuevas narrativas digitales, se pretendía edificar una aduana punitiva que silenciara las voces incómodas de la Huasteca, de la zona media y de la capital, asfixiando la libre circulación de ideas indispensable en cualquier sistema que se jacte de ser democrático.
No podemos omitir el severo clima de intimidación sicológica que una norma de este calibre inyecta en las venas de una sociedad civil de por sí asediada por otros flagelos. La redacción original de este ordenamiento potosino no buscaba sancionar conductas materiales con precisión técnica, sino sembrar con calculada eficacia la semilla de la sospecha y el miedo colectivo. Al volver difusa la frontera entre la creación de contenidos digitales legítimos y la supuesta conspiración para alterar el orden público, la autoridad obligó a los creadores de opinión a caminar permanentemente sobre una cuerda floja. El verdadero triunfo transitorio de este engendro legislativo no se midió en el número de sentencias dictadas en los tribunales penales, sino en los espacios de silencio que provocó en el ecosistema informativo regional. Se manifestó en las columnas de opinión que dejaron de escribirse por prudencia, en las caricaturas que fueron guardadas en un cajón y en el sutil pero destructivo fenómeno de la autocensura, que es siempre la victoria más barata y duradera de cualquier régimen con vocación totalitaria.
El desenlace de este episodio, marcado por la reciente y sorpresiva iniciativa del Ejecutivo estatal para derogar en su totalidad la polémica reforma, no debe leerse como un acto de súbita lucidez democrática por parte de la autoridad local, sino como el resultado inevitable de una triple presión política y jurídica insostenible. Por un lado, la movilización decidida de la sociedad civil y el gremio periodístico potosino, que optaron por la resistencia institucional antes que por la sumisión; por el otro, la inminente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ante la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, un fallo que anticipaba un revés histórico e inapelable para los legisladores locales. El gobernador, en una pirueta política que busca eludir el costo del descalabro judicial y la exhibición nacional, prefirió adelantarse y sepultar la criatura jurídica de su propio aliado legislativo, prometiendo foros y consensos futuros que diluyan el enojo social reinante.
Este repliegue apresurado pone al descubierto la profunda fragilidad institucional de quienes gobiernan bajo el impulso de la coyuntura, la estridencia y el cálculo inmediato, desprovistos de un verdadero proyecto de Estado de largo aliento. La prisa por derogar lo que ayer defendieron con vehemencia demuestra que la arquitectura legal de la entidad se maneja con criterios de conveniencia demoscópica y no bajo los principios rectores de la técnica jurídica o el respeto irrestricto a los compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Se pretendió apagar el fuego político retirando la ley del escenario, pero las cenizas de la desconfianza ciudadana permanecen encendidas. El viraje radical de la administración estatal evidencia que el poder local carece de la madurez necesaria para procesar la crítica democrática, prefiriendo el repliegue táctico antes que admitir la invalidez ética y constitucional de un marco normativo diseñado expresamente para la persecución ideológica.
Las implicaciones de este repliegue institucional son profundas y merecen una reflexión seriada que trascienda la coyuntura local. San Luis Potosí se ha convertido hoy en el espejo incómodo donde deben mirarse el resto de las entidades de la Federación y el propio Congreso de la Unión. La lección es clara y contundente: la regulación de la inteligencia artificial y de los entornos digitales es una necesidad apremiante de nuestro tiempo que no podemos eludir, pero jamás puede construirse a expensas de las libertades fundamentales del ciudadano.
El derecho penal debe ser la última razón del Estado, la ultima ratio, no el primer recurso del gobernante incómodo ante la agudeza de la crítica. Cualquier persona con aspiraciones de gobernar o convertirse en autoridad, debe saber que si quiere ejercer el poder con madurez e inteligencia, no se puede tener la piel tan delgada. Intentar resolver dilemas éticos y tecnológicos mediante el calabozo sólo conduce a la degradación de la democracia y al envilecimiento del poder. El repliegue de la Ley Serrano demuestra que la ciudadanía potosina conserva la capacidad de frenar los excesos del poder cuando actúa con cohesión, pero también nos recuerda que la vigilancia democrática no puede darse el lujo de parpadear un solo instante, pues la tentación de amordazar al mensajero sigue siendo el reflejo más natural de quienes conciben el ejercicio público no como un servicio, sino como un patrimonio intocable y ajeno al escrutinio de la sociedad.
Glosas del Poder.
• El laboratorio nacional. En los pasillos de Bucareli y en los cafés de la Ciudad de México se sigue con lupa el desenlace potosino. La fallida Ley Serrano encendió las alertas en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y en la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, no por tratarse de un simple exabrupto regional, sino porque amenazaba con convertirse en el modelo de control penal que varios mandatarios locales deseaban replicar para silenciar el ecosistema digital antes de las sucesiones venideras. Al final, el repliegue de San Luis Potosí congela, al menos temporalmente, la tentación de utilizar la regulación de la inteligencia artificial como una aduana punitiva a nivel federal. La lección de contención civil ya se analiza como un precedente obligado para los debates legislativos que vienen en el Congreso de la Unión.
• Salvar la cara. En la capital del estado, la súbita entrega del documento de derogación por parte del Ejecutivo hacia la Mesa Directiva del Congreso local se lee en los círculos políticos como una maniobra pragmática para evadir un revés judicial inminente en la Suprema Corte. Quienes conocen las entrañas del poder potosino afirman que el costo político de mantener la ley —tras el encarcelamiento de comunicadores y las protestas gremiales— se volvió sencillamente impagable. Ahora, el oficialismo busca cambiar la narrativa convocando a foros académicos sobre innovación y derechos humanos, intentando transformar un repliegue forzado por la presión ciudadana en una supuesta muestra de apertura y «consenso institucional». Sin embargo, la fractura con los sectores críticos del estado ya está consumada.
• Desde la acera municipal. Mientras el Gobierno del Estado lidia con las cenizas de su estrategia punitiva, en el Ayuntamiento de la capital, el alcalde Galindo Ceballos ha sabido marcar una distancia estratégica e institucional. Al calificar la derogación como un acierto que evita un «retroceso democrático», el gobierno municipal no sólo se alinea con la defensa de la libertad de expresión, sino que capitaliza políticamente el tropiezo del aparato estatal. Paralelamente, en una muestra de contraste operativo, la Secretaría del Ayuntamiento capitalino acaba de presentar su propio sistema digital de votación interna para el Cabildo; un mensaje sutil pero contundente de cómo la tecnología en la capital se utiliza para transparentar procesos institucionales y avanzar en la gestión pública, en lugar de confeccionar mordazas legales para perseguir el disenso.