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lunes, mayo 23, 2022
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3 RETOS PARA TODA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Un primer reto de toda administración pública está condicionado a un debate profundo que empieza desde la elaboración de los planes de desarrollo. Al definir cuáles son los ejes rectores en los que se ocupará el Gobierno Federal, también se debe definir la participación de las entidades federativas y los municipios.

Cada nivel de gobierno debe reconocer sus limitaciones y centrarse en sus alcances. El Plan Nacional de Desarrollo es punto de partida para establecer los objetivos de acuerdo a las condiciones actuales del país. No se debería actuar fuera de este posicionamiento.

Si bien es cierto que las contingencias influyen para tomar decisiones de carácter urgente, también es cierto que, para cada administración, es una obligación resolverlas con inmediatez y eficiencia, pero las metas proyectadas para un periodo gubernamental deben cumplirse independientemente de las eventualidades.

Además, los titulares de las distintas entidades deben ceñirse a ese Plan, para lo cual, necesitan conocerlo, entenderlo, asimilarlo y ponerlo en práctica en cada una de sus diligencias. De otra manera, cada entidad actuará de manera arbitraria y dará pasos sin rumbo.

Cuando esto sucede, cuando las entidades federativas y los municipios se alejan del Plan Nacional de Desarrollo y toman medidas unilaterales, entonces, el sistema es propicio para duplicar y hasta triplicar áreas y programas.

Se requiere que los municipios, las entidades federativas y la federación se coordinen sin obstruirse entre sí. El reto es que cada nivel de gobierno se concentre efectivamente a servicios determinados.

Un segundo reto es la profesionalización de la plantilla de trabajadores. El problema no sólo es el abultado aparato burocrático, sino también, el nivel de preparación de las personas que adquieren una responsabilidad pública. Dejando al margen los innumerables cuestionamientos que pueden surgir hacia la poca, escasa o nula preparación académica de una parte considerable de los representantes populares, la urgencia es involucrar en el servicio público al mayor número de perfiles destacados, con disponibilidad para el crecimiento profesional y actitud para rendir cuentas en las distintas etapas del proceso. En realidad, el asunto no es materia de reforma legal ni reglamentaria, sino de sentido común. Un líder de una administración pública no necesitaría estar obligado por una norma para rodearse de personas capaces de realizar el trabajo operativo; un líder auténtico debería saber delegar en los perfiles adecuados los procesos y trámites que son necesarios para el funcionamiento de su gobierno. Sin embargo, para no dejar al arbitraje de nadie esta importante decisión, bastaría con enumerar en el correspondiente marco jurídico los requisitos mínimos de experiencia profesional y académica que deben ser exigibles a cada función. Existen obstáculos como la falta de homologación de salarios y responsabilidades, y por supuesto, el contrapeso de los sindicatos de burócratas. El reto es acortar distancias entre los perfiles de las personas que integran las administraciones municipales, con la estatal y la federal.

Un tercer reto es la evaluación por resultados. La necesidad de cumplir con una evaluación seria y fidedigna deriva de la premisa de apoyar la planificación en lo medible, en lo cuantificable, en lo verificable. De nada sirve planear, si lo proyectado no estará sujeto a revisión. Este reto también está relacionado con la sobresaturación de programas y de personal en la administración pública. Con el filtro de la evaluación por resultados es posible determinar qué y quiénes son indispensables y qué y quiénes son perfectamente prescindibles sin afectar la marcha del servicio público. El resultado alcanzado es el factor que sirve para darle forma al paquete de programas de gobierno que de acuerdo a una calificación objetiva deben estabilizarse y desaparecer. En el orden de ideas que reina entre los municipios, las entidades federativas y la federación, el común denominador es pedir mayores participaciones, gestionar recursos extra y solicitar anticipaciones y créditos. Pero ¿Cómo se evalúan los resultados? Una clave para el funcionamiento exitoso del servicio público es clara y sencilla: Programa con resultados deficientes programa que se debe suprimir.

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